Durante los primeros tres años de gobierno de Mauricio Macri, al menos 1452 manifestantes fueron detenidos en protestas, la mayoría realizadas en el contexto de demandas vinculadas al trabajo.
El dato distintivo de esta política en respuesta al conflicto social es que los arrestos fueron asumidos como deseables y avalados por las más altas autoridades del Estado, claramente encarnadas en la figura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Este proceso por el que el Estado pasó a reivindicar la resolución violenta de las tensiones provocadas por el conflicto social es señalado como una de las principales características de la gestión de Mauricio Macri, en el recién terminado «Informe sobre criminalización de la protesta social en la Argentina (2016-2018)», que elaboró el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma junto con Liberpueblo.
La amplia mayoría de las represiones y arrestos se produjeron durante manifestaciones con demandas relacionadas con el trabajo. “Al hacer el relevamiento, asociamos cada hecho de protesta a sus motivos”, explicó Jimena Frankel, investigadora del Observatorio.
En el rubro Demandas laborales fueron incluidos no sólo los reclamos de los trabajadores formales (por ejemplo, por despidos o por aumentos de salarios), sino también los de los trabajadores de la economía popular por planes de empleo, o de mejoras en el monto de los programas, o para denunciar la caída de planes.
En el rubro Trabajo están, por supuesto, las masivas movilizaciones contra la reforma laboral y previsional de diciembre de 2017. Las represiones y detenciones en el marco de protestas vinculadas a la pérdida del trabajo o derechos laborales sumaron el 53 por ciento del total.
Si más reprimidos fueron los que reclamaron por trabajo, los picos de la violencia estatal ocurrieron ante acciones por el acceso a la tierra, y en especial contra los pueblos originarios.
Los hitos de este proceso fueron, durante 2017, la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, producida durante la represión de Gendarmería a la comunidad mapuche en Cushamen, y después el asesinato de Rafael Nahuel en un operativo de la Prefectura Nacional.