Cuando el panorama empieza a demostrarle al presidente que su mandato concluirá inexcusablemente el 10 de diciembre, Macri desplegó una ofensiva judicial para quitarse de encima una de las causas que más le preocupa y que es la deuda que el Correo Argentino mantiene con el estado nacional desde el año 2002 por no pagar el cánon correspondiente pactado con Menem cuando éste se lo entregó a la familia del presidente.
El objetivo final es pagar lo menos posible en efecivo y apostar a los juicios contra el estado en los que por ahora Macri está de ambos lados del mostrador como demandante y demandado, un caso inédito en la historia contmeporánea de nuestro país.
Macri busca concentrar los 11 expedientes que tramitan en diferentes juzgados en un sólo juez, Enrique Lavié Pico titular del tribubnal contencioso administrativo número 8, con quien el presidente mantiene una buena relación igual que su abogado, Bernardo Saravia Frías, quien supo manejar las cuestiones legales del grupo SOCMA y que hoy es el Procurador General del Tesoro.
Al mismo tiempo está en marcha una ofensiva contra la fiscal Gabriela Boquin, quien bloqueó en 2016 el acuerdo que pretendía licuar la deuda del Correo y es ostensible que analizará con atención cualquier pacto en este tema.
Macri no quiere que cada uno de los 11 jueces se tome su tiempo particular para resolver los expedientes y por eso quiere que sean tomados por Lavié Pico para tratar de sincronizar la resolución del pleito en lo que le queda de mandato y luego seguir litigando contra el estado ya como particular y no como presidente como lo viene haciendo hasta ahora.