Alejo Ramos Padilla, juez federal de Dolores

El ministerio de Justicia y Derechos Humanos, solicitó al Consejo de la Magistratura, que se dé inicio al procedimiento para investigar la actuación del juez Alejo Ramos Padilla. Buscan impulsar el juicio político y destitución del magistrado que investiga la red de espionaje ilegal que estaría comandada por el fiscal que tramita en las fotocopias de los cuadernos, Carlos Stornelli.

La cartera de Justicia fundó la solicitud, en la “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”, tras la exposición del magistrado en el Congreso, el 13 de marzo.

En una nota dirigida al representante del Poder Ejecutivo ante el organismo encargado de designar y remover magistrados, el utramacrista Juan Bautista Mahiques, la cartera de Justicia afirmó que parece haber una clara intencionalidad en la actuación, “afirmando como verdaderos, extremos de la investigación que conforme sus propios dichos, todavía no han sido verificados”.

En esa línea, se solicitó al Consejo que se abra una investigación para determinar si el juez incurrió en incumplimiento de sus funciones, y argumentó que “hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial”.

“No sólo careció de imparcialidad sino que tampoco demostró observar en forma alguna el deber de objetividad que la ley impone a quienes llevan adelante la acusación pública que, en la normalidad de los casos, son los representantes del Ministerio Público Fiscal”, manifestó la nota.

Asimismo, se señaló que “la actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores, también exhibe un accionar incompatible con la prudencia y decoro esperados de un Juez Federal”. Y concluye que, “con motivo de todo lo hasta aquí expuesto, le solicito que por su intermedio se expongan los hechos descriptos precedentemente ante el Consejo de la Magistratura a los efectos de que se dé inicio al procedimiento legalmente previsto».

Por otra parte, se remarcó lo que considera una “evidente finalidad política” que parece dirigir el accionar del juez, al solicitar su pedido de colaboración “a dependencias a las que no correspondía, como lo es el programa Verdad y Justicia, omitiendo con plena conciencia y conocimiento la obligación de requerir a aquellas que se encuentran reguladas por la ley a tales efectos, como el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), y el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados”, atento que el programa Verdad y Justicia solo puede intervenir en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad”.

“El Dr. Ramos Padilla no puede desconocer que este Ministerio siempre prestó colaboración en todos los procesos judiciales en los que fue requerido conforme las disposiciones legales vigentes”, finaliza la nota.

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