El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, imputó al fiscal Carlos Stornelli, que actúa en la causa de las fotocopias de los cuadernos de Centeno, por distintas maniobras de presunta extorsión y espionaje ilegal y paralelo no autorizado por ley en causas judiciales a su cargo, cometidas junto al detenido Marcelo D’Alessio, según detalló al responder un pedido de informes de la Procuración General de la Nación.

En una extensa resolución firmada luego que Stornelli pegó el faltazo ayer a su citación a declaración indagatoria en el caso, Ramos Padilla remitió al procurador interino y jefe de los fiscales, Eduardo Casal, un detalle de la imputación luego de que el funcionario le pidió que «certifique debidamente la situación procesal» del fiscal de instrucción, según el texto que trascendió esta mañana.

«No habiendo comparecido el Dr. Carlos Stornelli a la audiencia indagatoria fijada para el día de la fecha, corresponde atender el reclamo del jefe del Ministerio Público Fiscal de la Nación y poner en su conocimiento los hechos presuntamente ilícitos que se le atribuyen al mencionado fiscal por el momento», comenzó el magistrado.

Al respecto, detalló que «se le imputa a Carlos Stornelli haber actuado conjuntamente con Marcelo Sebastián D’Alessio y otras personas que se encuentran siendo identificadas e investigadas en las actuaciones en maniobras de espionaje ilegal que guardaban relación con las investigaciones judiciales a su cargo y con su actuación como Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4 y que importaron diversos y diferentes planes delictivos».

En particular, se le imputa «reclamar y ordenar investigaciones paralelas a las causas judiciales, no autorizadas por ley, a Marcelo Sebastián D’Alessio, a quien conocía como un agente de la Drug Enforcement Administration (DEA), quien por tanto no poseía atribuciones legales para ello».

Agregó que el falso abogado «actuaba en connivencia y con la colaboración de agentes o presuntos agentes o ex agentes orgánicos e inorgánicos de agencias de inteligencia nacionales e internacionales, conociendo las maniobras de espionaje ilegal que realizaban mediante mecanismos ilícitos tales como la coacción, la intimidación o la extorsión u operaciones denominadas “puesta en emergencia” en perjuicio de las personas que eran sometidas a este tipo de operaciones e investigaciones».

A los «objetivos/víctimas» en «algunos casos se obligaba a declarar ante la propia Fiscalía Federal a su cargo», sostuvo Ramos Padilla.

«También se le imputa haber reclamado operaciones de espionaje -filmaciones con cámaras ocultas- para perjudicar a abogados que en el ejercicio de su función lo molestaban», continuó el juez.

Uno de los casos por los que imputó a Stornelli se vincula a Gonzalo Brusa Dovat, en relación a lo hecho por D’Alessio y otros dos detenidos en la causa, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi.

A Brusa Dovat, sostuvo Ramos Padilla, «a través de amenazas», se lo «obligó a prestar declaración testimonial» en la fiscalía de Stornelli en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro el 4 de febrero último, «oportunidad en la que denunció una serie de presuntos hechos delictivos cometidos en la empresa Pdvesa Argentina, o en firmas vinculadas a la misma»

También se imputó al fiscal por «haberle solicitado o prestado su anuencia para que Marcelo D’Alessio, a quien conocía como un agente de la DEA, llevara adelante de manera paralela una investigación vinculada a la causa Nro. 9608/2018, conocida como “la causa de los cuadernos”, en particular, una operación de inteligencia mediante medios extorsivos y de intimidación para investigar la posible participación de Pedro Etchebest en posibles maniobras ilícitas en las que pudiera hallarse vinculado» el empresario agropecuario, primer denunciante en la causa abierta en Dolores

También se imputa al fiscal federal porteño haber «ordenado» a D’Alessio «la realización de una maniobra de filmación con cámara oculta al Dr. Javier Landaburu», porque el abogado «tenía la voluntad de efectuar una presentación ante escribano público señalando que el fiscal Stornelli había coaccionado y agredido verbalmente a Paolo Rocca y Carlos Wagner», dos empresarios procesados en el caso cuadernos.

En el caso de Etchebest, este empresario denunció que D Alessio le pidió 300 mil dólares para evitar que Stornelli lo imputara en el caso.

Stornelli recusó al juez de Dolores y pidio la nulidad de la causa, temas que aún no fueron resueltos y no concurrió a su citación indagatoria.

El fiscal tiene fueros por lo cual no puede ordenarse su detención ni su comparendo compulsivo al juzgado.

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