El Grupo de Lima, formado por 14 países de América, instó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a no asumir un nuevo mandato el próximo jueves, debido que no le reconoce legitimidad al proceso electoral que le dio la victoria, según una declaración emitida en Perú a la que no adhirió México.
El párrafo central de la declaración llama a Maduro a «no asumir la presidencia» el jueves próximo y a que «respete las atribuciones de la Asamblea Nacional (Parlamento) y le transfiera, en forma provisional, el Poder Ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas».
El pronunciamiento fue firmado, al término de una reunión en Lima, por los cancilleres o delegados de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.
México, que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto acompañó varias declaraciones en contra del gobierno de Maduro, decidió no firmar este documento bajo la joven gestión del centroizquierdista Andrés López Obrador, quien asumió el poder el último 1 de diciembre.
«El proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente», señalan los gobiernos en el texto.
De esos comicios no participó la mayoría de la oposición y votó menos de la mitad del padrón. Añaden los cancilleres que, «en consecuencia, no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen» de Maduro, que debe iniciarse el jueves.
También ratifican su «pleno respaldo y reconocimiento» a la Asamblea Nacional, dominada por la oposición y elegida el 6 de diciembre de 2015.
Los 13 países que emitieron el pronunciamiento reafirmaron su «inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela» y resaltaron que «sólo a través del pleno restablecimiento, lo más pronto posible, de la democracia y el respeto de los derechos humanos, se podrán atender las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país».
También hicieron «un llamado al régimen de Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos».
La declaración exhortó al gobierno venezolano a «permitir el inmediato ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo de Venezuela, a fin de prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública en ese país y de sus efectos transnacionales».
Los 13 países acordaron «reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país, y la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses».
También consensuaron, «según lo permitan sus legislaciones internas, impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos».
El Grupo de Lima fue creado en 2017 para seguir la crisis política de Venezuela y procurar una salida a la compleja situación interna.
