La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) manifestó su rechazo a la resolución 20/2018 que dispone un aumento adicional y retroactivo de las tarifas de gas como compensación a las empresas distribuidoras por el aumento del dólar en el periodo de abril a septiembre.

A través de un comunicado indicaron que “este aumento, que deberá en 24 cuotas con intereses, resulta abusivo e ilegal, ya que los usuarios ya realizamos los pagos de las facturas correspondientes”.

Según detallaron, los argumentos oficiales para sostener el aumento eluden la cuestión de fondo: la decisión política de que usuarios residenciales y Pymes deban compensar a grandes empresas con mercados cautivos por contratos dolarizados en el contexto de una fuerte devaluación que responde a medidas económicas dispuestas por el mismo Gobierno.

Mientras que el Presidente aparece en las redes sociales diciendo que hay que pagar la energía por “lo que vale”, el secretario Iguacel pretende desligar al Estado de la parcialidad de las propias políticas al afirmar que se trata de un problema entre empresas y usuarios.

Este aumento adicional se dispone además en momentos en que comienza a regir el nuevo cuadro tarifario que para las Pymes resulta en aumentos del 50% que deja a miles de empresas al borde del cierre.

Desde la entidad, sostienen que “tanto el injusto y desmesurado esquema de aumentos de tarifas como la cuestionada resolución no sólo son “excesos” sino parte de un modelo económico excluyente e inequitativo, que opera en favor de unos pocos sectores, como el energético, el agropecuario, la intermediación financiera, las mineras y algunos grandes exportadores, mientras que destruye el poder adquisitivo de la población y el mercado interno, fuente de ingresos y fundamento de la producción local”.

En otro orden adelantaron que accionarán junto con todos los sectores afectados para dejar sin efecto estas medidas y advirtieron que es urgente debatir alternativas para favorecer a la industria nacional, a las Pymes, a los trabajadores y a los sectores más vulnerables de la población, a fin de evitar la profundización de una tragedia social de pronóstico impredecible.

El comunicado lleva la firma del presidente de la entidad, Eduardo Fernández y el secretario Juan José Sisca.

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