Por Catalina de Elía

La investigación sobre los aportantes truchos en las campañas de Cambiemos está envuelta en un tironeo burocrático que puede impedir que se conozca toda la verdad. Esos tironeos demuestran el poder de los laberintos burocráticos que permiten lo que Hannah Arendt llamaba el “gobierno de nadie” y que, en este caso, se traduce en que todos los actores tienen una explicación para dar, pero las causas no avanzan nunca. Se trata de un rudimentario pero eficaz modo de esperar que el olvido haga su trabajo.

Es que el 29 de agosto el juez federal subrogante con competencia electoral Adolfo Gabino Ziulu, designado hace poco por el Procurador interino Eduardo Casal, le pidió a los magistrados que investigan el caso Sebastián Casanello y Ernesto Kreplak que se declaren incompetentes y le remitan sus expedientes. Zuilu lo hizo tras un pedido de los apoderados del PRO Pablo Clusellas, Patricio Blanco Ilari y Matías Burgos.

Ambos jueces federales rechazaron esto. Si las causas pasan a la justicia electoral como pretende el PRO, los imputados serán investigados solo por irregularidades electorales, cuyas sanciones son muchísimo menores que las sanciones penales.

Casanello y Kreplak investigan los delitos de lavado de dinero y falsedad ideológica. Tomaron decenas de testimonios y pidieron varios informes oficiales y periciales que acreditan que Cambiemos usó aportantes falsos para blanquear aportes de su campaña. Los dos jueces buscan determinar cuál es el origen del dinero que utilizó Cambiemos para financiarse y cómo se obtuvieron las listas de los aportantes falsos.

“Lo que estamos defendiendo es la competencia para juzgar delitos que no son de competencia electoral. Y esto no es un asunto discrecional”, señaló Casanello en el fallo del 12 de septiembre con el que rechazó inhibirse de la investigación.

El juez explicó en su fallo que el objeto procesal involucra aportantes falsos de la Alianza Cambiemos para la campaña electoral 2017 en la Provincia de Buenos Aires pero bajo la hipótesis de que el punto de unión era su pertenencia a programas sociales de naturaleza federal: “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”, todo ello para disfrazar maniobras de blanqueo de fondos.

“Los actos de instrucción realizados hasta el momento han tenido por norte corroborar las falsedades y establecer el origen de las filtraciones, sobre la base de que las personas cuya identidad fue utilizada ardidosamente integran bases de datos de organismos federales con sede en esta Ciudad –Anses, INAES, Ministerio de Desarrrollo Social-. En esta última circunstancia reposa hoy la competencia de este juzgado”, expresó Casanello.

Ocho días después, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak afirmó algo similar en su resolución: “Ante la noticia de la posible comisión de ilícitos penales respecto de los cuales la legislación no atribuye expresamente competencia al juez electoral -como es el caso de los delitos previstos por el Código Nacional Electoral- debe conocer el juez federal con competencia penal”.

Pero las trabas no solo vienen por el lado del PRO y de la justicia electoral. A pesar de que cuando llegó la denuncia a Comodoro Py en julio de este año el fiscal Carlos Stornelli la impulsó, desde el inicio éste le puso límites al alcance de la pesquisa.

Primero imputó solamente a Carla Silvia Chaban y Alfredo Gabriel Irigoin, responsables económicos financieros de la campaña aludida. Así como también delimitó el objeto procesal y dirigió la investigación a determinar si se hicieron aparecer falsamente como aportantes particulares en la “Alianza Cambiemos” para la campaña del año 2017 en la provincia de Buenos Aires a personas beneficiarias de los programas sociales “Argentina Trabaja” y “Ellos hacen” y si ello fue una maniobra de blanqueo de fondos para introducir dinero ilícito en el sistema legal de financiamiento de los partidos políticos. Y ahora declinó su competencia y le pidió al juez Casanello que se aparte de la causa y se la envíe a la Justicia Electoral de La Plata.

Sin embargo, en un país de estructura federal como el nuestro, estas cuestiones de forma que parecen menores, en realidad casi siempre inciden de manera letal en las investigaciones, ya que en general los conflictos terminan en la Corte Suprema.

Este tribunal, llamativamente, no tiene plazos para resolver porque ninguna ley aún avanzó sobre ese punto. Por lo tanto, definir qué juez debe investigar el caso, puede licuar gran parte del conflicto, debido al paso del tiempo. Incluso puede prolongarse más allá de las elecciones del año próximo.

Así, el final es incierto. Pero los tejes y manejes son bien ciertos.

print