El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta pagó casi 12 millones de pesos en una contratación directa por la compra de bombillas LED, haciendo caso a la publicidad que lanzó el presidente Mauricio Macri en el marco de un pedido a los senadores para que no voten la ley anti tarifas.

En su mensaje a los argentinos, Macri señaló que “a través sitio www.argentina.gob.ar/cambiaelfoco podrán calcular a partir de hoy el ahorro mensual y anual en la tarifa de electricidad que lograrán con el uso de esas lámparas LED, que consumen 80 por ciento menos de energía y duran 15 veces más que las comunes”.


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En sintonía con el pedido presidencial, Larreta anunció un plan para «colaborar con los vecinos en el cambio de la matriz energética» mediante la distribución gratuita de 5 millones de bombillas LED.

Tal cual lo publicó El Cronista.com, la Ciudad adquirió 396.700, a través de una compra por un decreto de «necesidad y urgencia».

La transacción significó la suma de $ 11.837.528. Esto significa un precio por foco de aproximadamente 30 pesos. La compra se realizó a través del decreto 433/2016 de Larreta, con lo cual evitó someterse a los procedimientos públicos de licitación pública y abierta.

Curiosamente, las empresas adjudicatarias fueron First Light Latin America S.R.L. y General Lighting Systems S.A., esta última perteneciente al empresario Alejandro Jaime Braun Peña, primo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun y del secretario de Comercio, Miguel Braun.

First Light Latin America es una importadora multimarca de luminarias LED, y a la vez la principal distribuidora de los bulbos BGH en el país. La compañía recibirá de la Ciudad $ 8.355.200 a cambio de 280.000 lamparitas.

La empresa de Braun Peña ya tuvo otros contratos con el Gobierno porteño. En noviembre pasado ganó un contrato de $ 238.594.496 para proveer «luminarias LED con telegesión y equipamiento».

El Ejecutivo justificó la compra exprés, a los márgenes de la ley 2095 de Compras y Contrataciones, en la «imprescindible necesidad» de «asegurar la prestación de servicios esenciales» que no pueden ser gestionados a través de los procedimientos habituales, según consta en la resolución 1112 del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la que accedió El Cronista, medio que publicó la información en primera instancia.

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