A último momento y cuando estaba casi resuelto que una misión de expertos de la ONU llegara a la Argentina para colaborar e intervenir en la investigación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el ala más dura del gobierno logró abortar el acuerdo al que había llegado de palabra el ministro de Justicia Germán Garavano y Amerigo Incalcaterra, representante para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Garavano no tuvo más alternativa que volver sobre sus pasos ante la presión insostenible de funcionarios referenciados con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien busca una salida que preserve a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y no afecte a Cambiemos en las elecciones de octubre.
Para el ministro de justicia, la presencia del grupo de expertos le hubiera permitido al gobierno mostrar su interés por impulsar la investigación y hallar a los responsables, y, por el otro, evitar problemas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ese organismo, en el año 2011 había emitido una fuerte condena a la Argentina por la desaparición de Iván Torres, en un episodio también ocurrido en el Chubut y además imponiéndole que brinde “garantías de no repetición”.
La maniobra que aborto el acuerdo de Garavano e Incalcaterra se concretó el 1 de setiembre durante una accidentada reunión que mantuvieron en la ex ESMA la familia de Santiago Maldonado, el propio Incalcaterra con Garavano, quien lejos de informarles la firma del acuerdo tuvo que reconocer que esa posibilidad quedaba suspendida en el tiempo.
Un dato: detrás de Garavano, sentado frente a un escritorio, miraba la imagen con una sonrisa el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, el principal responsable de la maniobra que frustró el compromiso.
Ahora Argentina queda en la mira de los organismos internacionales de derechos humanos, en particular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que podría aplicar fuertes sanciones a nuestro país.
El organismo ya había emitido una señal en ese sentido el 23 de agosto pasado cuando dictó una medida cautelar y le reclamó al Gobierno que informara las acciones que había adoptado para investigar lo ocurrido.