Los organismos de DDHH de Tucumán, los familiares de detenidos desaparecidos y víctimas testigos que fueron parte de la Megacausa Operativo Independencia llamaron gravemente la atención ante la posibilidad de que un sector de la justicia abra la puerta para la aplicaciòn del concepto de obediencia debida
El pronunciamiento está en sintonía con los fallos de la causa en la que hubo varias absoluciones que encendieron la luz de alarma.
En ese sentido, afirmaron que “se llega a esta sentencia tras 42 años de lucha y exigencia de justicia por lo que sostenemos como un logro de esos años, que en la histórica resolución se haya reconocido que los delitos cometidos por las fuerzas militares y de seguridad durante el Operativo Independencia, decretado en 1975 por la entonces presidenta Estela Martínez de Perón, son crímenes de lesa humanidad”.
Pese a reivindicar el resultado final del juicio en una de las denominadas megacausas por delitos de lesa humanidad de la dictadura cívico militar, los organismos de DDHH y familiares de las víctimas se mostraron alarmados por las absoluciones de varios de los represores involucrados en los crímenes investigados y juzgados.
“Si bien las calificaciones de los delitos en esta sentencia constituyen la reivindicación de la verdad histórica, consideramos que las absoluciones de los imputados Ramon C. Jodar, Jose Luis del V. Figueroa, Jose E. Cuesta, Francisco C. Orce, Alberto A. Svendsen, Jose R. Abba y Omar E. Parada, no se condicen con los hechos y pruebas aportados durante más de un año y medio de debate” sostienen en el pronunciamiento.
Recordaron que “ningún tribunal del país que haya juzgado delitos de lesa humanidad utilizó con anterioridad al denominado “error de prohibición” para absolver a imputados por estos graves crímenes puesto que ello implica entender que quienes allanaron ilegalmente moradas y detuvieron ilegalmente personas (es decir secuestraron) no sabían que sus conductas eran ilícitas, ya que siguieron las órdenes de sus superiores lo que implica abrir la puerta nuevamente a la excusa de la obediencia debida”.
En este sentido sostuvieron que esto “resulta además increíble en casos de imputados como Ramón Jodar, quien ya tiene una condena anterior por estos delitos y fue sindicado por diversas personas como autor de secuestros en Tafí Viejo”.
“Porque no reconocemos como definitiva esta sentencia y ante la libertad de estos acusados, desde ya, manifestamos que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de los testigos. Las características de la sentencia de la causa Operativo Independencia nos obliga a seguir exigiendo y luchando por Justicia”, concluyeron.