En la pasada medianoche se cumplió el plazo de 15 días dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para otorgar la libertad de Milagro Sala u otorgar su prisión domiciliaria mientras dure el proceso judicial.

El Estado argentino no cumplió con este pedido y, en este marco, “la defensa de Milagro puso en conocimiento al CELS, Amnesty y Andhes, que fueron los peticionantes, de que no se cumplió con el plazo de la CIDH. Seguramente ellos pondrán esta situación a conocimiento de la Comisión Interamericana y se están evaluando qué otras medidas se van a llevar adelante, informó Sabrina Roth, prensa de Sala.

El pasado jueves 10 de agosto el juez Gastón Mercau inspeccionó la vivienda de Milagro Sala en el barrio de Cuyaya, donde podría otorgarle la prisión domiciliaria, aunque señaló que también está analizando la posibilidad de otorgar otras medidas como la libertad con fiscalización electrónica”, informaron desde el entorno de Sala.

Antes de esa visita, el magistrado había “ido al domicilio de la diputada del Parlasur en El Carmen, aunque no ingresó al mismo. Según indicaron los abogados de la dirigente social, el lugar no está habitable y señalaron que en caso que se resuelva por la alternativa de la prisión domiciliaria, se debería otorgar en el lugar en el que ella vivió hasta el momento de ser detenida por el ministro de Seguridad de la provincia, Ekel Meyer, y donde reside su marido, Raul Noro”. 

Tras conocerse l pronunciamiento del organismo interamericano, ningún integrante del gobierno manifestó de manera clara la intención de cumplir con la cautelar que ordenaba la inmediata libertad de Milagro o, en su defecto, la prisión domiciliaria.

Tanto el presidente Macri, como el gobernador de Jujuy Gerardo Morales así como el ministro de Justicia Germán Garavano y el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj relativizaron o directamente desconocieron la autoridad de la CIDH para evitar cumplir con su disposición.

El incumplimiento en el que incurre el gobierno macrista  pone una vez más a la Argentina en el centro de la atención mundial por violar expresas disposiciones contenidas en tratados internacionales sobre derechos de las personas muchos de los cuales han sido suscriptos por el gobierno por lo que el país está obligado a cumplir con sus disposiciones.

VíaPORTAL DE NOTICIAS
FuenteRedacción PDN
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