Acompañado con las firmas de las diputadas del FPV-PJ María Teresa García y Diana Conti, junto con el diputado Alberto Clampini, el proyecto presentado por Juliana Di Tullio busca dejar sin efecto el polémico decreto 432/97 del que se valió el gobierno de Mauricio Macri para arrasar con el beneficio de 83 mil personas con discapacidad, violentando moral y económicamente el legítimo derecho constitucional de contar con el apoyo del Estado.
El texto argumenta que dicho decreto es inconstitucional ya que el “estado argentino adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que fue aprobada y ratificada por la ley nacional n° 26.378 promulgada en 2008 y por medio de la ley nacional 27.044 promulgada en 2014, se le otorgó jerarquía constitucional en los términos del artículo 75 inciso 22, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.”
La diputada di Tullio agrega en su argumentación que “la aplicación brutal que se hizo del decreto 432/97 reglamentario de la ley 13.478 y sus modificatorias, no hace más que confirmar el profundo desprecio que tiene el Gobierno Nacional respecto a los más necesitados.”
Además afirma que al ser “de una inconstitucionalidad manifiesta por los argumentos ante dichos, y violatorio de los compromisos asumidos por el Estado Argentino ante la Comunidad Internacional, es que solicitamos dejar sin efecto la aplicación del decreto 432/97 y la inmediata restitución de las pensiones que hayan sido dadas de baja por parte del Ministerio de Desarrollo Social.”
Además agregan que en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad los Estados parte se comprometen a cumplir las siguientes obligaciones generales.
“Asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad”.
De esta manera se busca dar por tierra en forma definitiva con los intentos del macrismo de avanzar sobre recursos que deben ser utilizados para fines sociales y que es justamente por donde el gobierno pretende pasar la tijera para achicar el déficit fiscal.
