Lo informó la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y se comprometió a “revisar los errores” en la quita de pensiones no contributivas a personas con discapacidad que dispuso el Gobierno nacional en base a un decreto de 1997.
En la habitual lógica de tirar de la cuerda y probar hasta donde pasa sin conflicto, el gobierno eliminó más de 80 mil pensiones graciables no contributivas a personas con discapacidad. No conforme con esto, el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, afirmó que las personas con down “no son sujetos de derechos” de las pensiones porque si quieren pueden trabajar”.
Lo que demuestra que al gobierno no le importan los más necesitados. Pero si le importa ganar las elecciones legislativas de octubre, de modo que ante el escándalo que se desató por esta deleznable decisión, avisó que revisará posibles errores. Seguramente se va a encontrar con algo más de 80 mil errores.
Stanley se comunicó con la diputada nacional y vicepresidenta de la comisión de Discapacitados, Gabriela Troiano, para comunicarle que “se iban a revisar los errores”.
En tanto, dicha comisión expresó su voluntad de dar “urgente tratamiento” a proyectos que rechazan la quita de pensiones, en una reunión sin quórum a la que no asistieron – como era de esperar – los miembros de Cambiemos.
El Poder Ejecutivo dio de baja pensiones a personas con discapacidad, a través del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, que apeló a un decreto de 1997 que reglamenta el artículo 9 de la ley 13.478 a la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad.
Dicho artículo establece que la designación de apoderados a los efectos del cobro de los haberes se hará mediante poder o carta poder extendida por ante la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación y organismo que esta autorice.
El presidente de la comisión, el neuquino José Ciampini (FPV-PJ), indicó que “de 1,6 millón de beneficiarios que había hasta fin de 2015, en poco más de un año se bajó en 170 mil beneficiarios, el 10 por ciento” y advirtió que “a este ritmo” el porcentaje “va a superar la superinflación que tiene este país”.
El petitorio del FPV-PJ exhorta a que “se modifiquen los requisitos para el acceso a las pensiones no contributivas”.
Antes que Néstor Kirchner asumiera como presidente en 2003, había un cupo -se tenía que morir alguien para que otorguen una nueva pensión graciable- y se tomó la decisión política de hacer de estas un derecho para todo aquel que presente un 76% o más de Discapacidad.
En el país hay alrededor de 1,1 millones de discapacitados vulnerables, una cifra para nada llamativa en una población de 45 millones de habitantes.
Además el gobierno incurrió en un grosero error, porque no corresponde que le apliquen el decreto 432/97 a personas con discapacidad porque están amparadas bajo un marco superior que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene rango constitucional
