Pese a la campaña de desprestigio, las embestidas judiciales y la pretendida marcha “autoconvocada” que se está gestando a instancias del gobierno en reclamo de su renuncia, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó se planta en su cargo y rechaza cualquier posibilidad de apartarse de sus funciones.
En una nota que brindó al diario La Nación, la funcionaria sindicada como kirchnerista aseguró, “No voy a renunciar ni planeo jubilarme”.
Macri no la quiere y ha intentado cuanto artilugio encontró para sacársela de encima. La acusa de ser una fiscal militante, de obstaculizar las investigaciones por corrupción y de responder al kirchnerismo.
La jefa de los fiscales ahora está trabajando para destrabar el acceso a la documentación del caso Odebrecht que tiene la justicia de Brasil. Pasado mañana, la procuradora se reunirá con el fiscal general de ese país, Rodrigo Janot, con quien ya estuvo en Brasilia en febrero. “Mi objetivo es ver cómo puede él generar un ámbito para favorecer la cooperación”, afirmó. Janot estará en Buenos Aires para participar de la XXI Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur.
Al gobierno le pone los pelos de punta la información que contiene esa documentación y más aún que llegue a manos de la procuradora, porque considera que la utilizará en contra de los funcionarios involucrados y procurará ayudar a aquellos del gobierno anterior que pudieran estar manchados en la causa. Lo dijo explícitamente el presidente Mauricio Macri y también su funcionario de mayor confianza, el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
“No voy a renunciar ni planeo jubilarme”
En tanto, Gils Carbó aseguró que tratará de destrabar el bloqueo de la información y avanzar en la formación del equipo binacional de fiscales argentinos y brasileños. “El objetivo es que la justicia argentina pueda acceder a información a pesar de los convenios [de inmunidad]”, reconoció.
Sobre el caso Odebrecht, dice que nunca accedió a documentos y que, por ley, no podría. “Yo nunca recibí ni voy a recibir una caja con datos. Los documentos llegarán a los jueces y fiscales directamente o a través de la Cancillería”, afirmó.
“Por ley yo no puedo intervenir en ninguna causa ni tampoco puedo cerrar yo un acuerdo con la empresa. Lo único que puedo hacer es poner a disposición todos los mecanismos institucionales para lograr la colaboración del ministerio público brasileño”, y precisó que eso es así en todos los casos porque es lo que disponen las normas.
Mientras tanto el macrismo la acusa de ser un obstáculo para el avance de este caso y espera un triunfo en las elecciones legislativas para volver a empujar el juicio político contra la Procuradora General.
La idea es reflotar una reforma a la ley de Ministerio Público Fiscal (que elimine el requisito del juicio político para removerla) o echarla directamente por decreto. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, le sigue pidiendo públicamente que renuncie y los macristas más optimistas sacan cuentas especulando con una posible fecha de jubilación.
