El escándalo desatado en Brasil con la constructora Odebrecht y su presunta lista de “coimeados” durante los gobiernos kirchneristas había sonado como música para los oídos del gobierno. Sin embargo, parece que la orquesta comienza a desafinar.
Es que el Ministerio de Justicia había anunciado que convocó a los representantes de la constructora para tratar de alcanzar un acuerdo por el cual entregara la lista de nombres que tanto le interesa al macrismo a cambio de beneficios jurídicos amparados en la ley del arrepentido.
En realidad se trata de una intromisión del Poder Ejecutivo en la investigación que llevan adelante los fiscales, a quienes el gobierno acusa de estar manejados por la procuradora general Gils Carbó para no ir contra los ex funcionarios kirchneristas y en cambio enfocar los cañones solo sobre los macristas, como el caso de Gustavo Arribas.
Ese acuerdo, según señalaron importantes fuentes judiciales a Portal de Noticias, está muerto antes de nacer porque las exigencias de Odebrecht están absolutamente contra las leyes y la constitución argentinas.
Los empresarios reclaman inmunidad absoluta, eximición de prisión y garantía de continuidad de los proyectos y negocios comenzados en la argentina a cambio de entregar información y un listado de nombres pero sin anticipar demasiado si incluye a ex funcionarios que es lo único que le interesa al gobierno.
Ninguna de esas prerrogativas está contemplada en las leyes argentinas,ni siquiera en la famosa ley del arrepentido, por lo que si ese acuerdo llegase a prosperar el propio gobierno estaría vulnerando toda la normativa legal vigente sólo con el afán de que no caigan sólo los propios sino también los ajenos.
En su reciente visita al país, el juez brasilero Sergio Moro, responsable de la causa “lava jato”, le había advertido al presidente Macri que para poder avanzar en Argentina contra la corrupción de modo similar a como se hace en Brasil había que modificar integralmente las leyes destinadas especialmente a combatir esos delitos. De lo contrario era imposible avanzar demasiado.
Pero a Macri poco le importa combatir la corrupción. Sólo le interesa proteger a los suyos, como en el caso del titular de la AFI Gustavo Arribas y tratar de ventilar los nombres de ex funcionarios kirchneristas, empezando por Julio de Vido, que podrían haber recibido coimas de Odebrecht con un fin claramente electoral: recortar la enorme diferencia en la intención de voto que el kirchnerismo le lleva a Cambiemos con miras a las elecciones de octubre.
Hay alguna manera, que alguna minima parte de la justicia, que aun conserve la dignidad y la independencia, pueda pedirle a la justicia brasileña, TODOS LOS NOMBRES, y que caiga quien tenga que caer?
Cuanta ingenuidad, si los tuvieran ya los hubieran dado y anunciado con bombos y platillos, será que la corrupción Kirchnerista no era tal ?? o lo sufucientemente suculenta como para que se involucre un país como Brasil, y que solo sirve para los titulares de Clarín ??