El gobierno está esperando que pasen las legislativas para implementar la segunda etapa del ajuste que tiene previsto para fines de este año.
Según adelanta en su edición de hoy el diario La Nación, el presidente analiza una reestructuración de la administración tras las elecciones del 22 de octubre. El objetivo -explica- es reducir el gasto público, lograr un recorte del déficit fiscal significativo en 2018, dar señales convincentes de lucha contra la inflación y poder avanzar en una reforma tributaria.
Este año, el desequilibrio fiscal superará los 420.000 millones de pesos, lo que enciende alarmas en la Casa Rosada. Algunos economistas dicen que el déficit llegará a 8%. Y la proyección para 2018 es menor: 3,2%. Algo que en principio parece difícil de lograr
Cerca del jefe del Gabinete, Marcos Peña , niegan un ajuste, pero varias fuentes oficiales confiaron por lo bajo al centenario matutino que luego de octubre se intentará un fuerte recorte de gastos -aunque se apuran a explicar- que será sin impacto social. No obstante esto resulta poco creíble, más aún si se tienen en cuenta las primeras medidas impulsadas desde el gobierno nacional ni bien asumió.
“Hasta las elecciones no se toca nada para evitar ruidos, pero luego de octubre se reducirán gastos”, aseguró un funcionario cercano al Presidente. Macri necesita dar señales fuertes de freno a la inflación para acelerar inversiones. Los empresarios aquí, en Estados Unidos y en otros países le preguntan por la grave situación fiscal que impide bajar la presión tributaria, que eleva las tasas, retrasa el tipo de cambio y enfría la economía”, aclara el matutino.
La primera premisa -intentan remarcar- será que no habrá despidos de empleados públicos. “Al contrario, queremos jerarquizar la carrera administrativa”, repiten funcionarios con demasiado ahínco, lo que resulta como mínimo sospechoso y presumiblemente una mentira más a las que ya nos tienen acostumbrados.
Macri comenzó este año con la intención de fusionar programas, organismos y secretarías de Estado para ahorrar gastos y hacer más eficiente la gestión. Pero luego advirtió que la prioridad para 2017 era ganar las elecciones sin tensiones.
En el Gobierno vislumbran que alguna corrección será inevitable. Ya que en el primer año de gestión la estructura del Estado aumentó un 25% y alcanzó a 21 ministerios, 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarías y 687 direcciones nacionales y generales. Lo que lógicamente implicó el ingreso de miles de simpatizantes del macrismo, familiares y amigos al Estado.
Según dicen, analizan nuevos sistemas de contratación; reducción de secretarías; subsecretarías, direcciones y coordinaciones; congelamiento de incorporaciones a todo el sector público nacional; no reemplazar a los que se jubilen o renuncien naturalmente, e incentivar traslados al sector privado.
“Si logramos no reemplazar a los que se retiran bajamos un 6% por año la masa salarial”, dijo un ladero de Macri.
Según el último relevamiento del Ministerio de Trabajo, el sector público nacional tiene hoy 740.611 empleados públicos. Sólo redujeron 1436 puestos desde 2016. El Gobierno informó que había desafectado a 15.000 agentes en la administración central (Poder Ejecutivo, ministerios y organismos descentralizados) y que ahorró 7000 millones de pesos.
Pero si se toma todo el sector público nacional (se suman empresas públicas, universidades, Justicia y Congreso) la masa salarial creció un 34% entre 2015 y 2016. En 2015 se pagaron 199.066 millones de pesos en salarios. En 2016 se gastaron 266.831 millones, y en 2017 se abonarán 319.341 millones, un 19,7% más.
La suba salarial de 2015 por las paritarias estatales fue de 27,4%, y la de 2016 de 31%. Es decir, la masa salarial debió haber crecido un promedio de 29,2%, pero creció 34%.
Macri pondrá la mira en la estructura administrativa. Muchos ministros y funcionarios serán candidatos en las elecciones de octubre y al dejar el cargo se reducirían casilleros en el organigrama. O “ravioles”, en la jerga administrativa.
Muchas coordinaciones, direcciones y subsecretarías fueron creadas por el macrismo porque cuando ofrecía nombramientos en categoría A (la más alta) en planta transitoria (cargos políticos) los salarios eran de hasta 25.000 pesos y no podían convencer a profesionales para sumarse al Gobierno. Para sueldos más altos debían crear coordinaciones y direcciones.
Está en estudio una norma para congelar ingresos en todo el sector público. “Todo está en análisis pero hasta octubre no se define nada para evitar ruido. La prioridad hoy es ganar las elecciones. Luego de octubre habrá otro gobierno”, señaló un funcionario cercano a Macri.
Sigue siendo lo mismo ,cuando dicen que van a hacer un ajuste los que terminan perdiendo son los que menos tienen los asalariados pierden poder adquisitivo la inflaccion sigue su curso y los unicos que se benefician son los amigos millonarios del gobierno reactiven el trabajo en vez de ocacionar despidos masivos por eso es lo que pasa cuando se toman estad medidas.