El líder PRO, Mauricio Macri llegó al Gobierno nacional y con él, varios de los más importantes empresarios arribaron a la función pública. Uno de los grupos económicos que más saludó su llegada fue el grupo Clarín, enfrentado con el kirchnerismo desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, quien ahora tendrá a varios interlocutores conocidos en las oficinas públicas.

Uno de los que integran esa lista VIP de funcionarios clarinistas es Luis Blaquier, miembro de la familia dueña de la azucarera Ledesma, investigada por presuntos delitos de lesa humanidad en el denominado «Apagón de Ledesma» cuando delegados gremiales de la empresa fueron desaparecidos. ¿Qué vínculo tenía con Clarín? Fue parte de su directorio hasta que finalmente fue nombrado como aquel que gestionará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, el ente que administra las acciones que el Estado posee en empresas privadas y entre las que se cuenta, curiosamente, el Grupo Clarín, con un 9%.
Alejandro Cacetta es otro de los empresarios ex Clarín que pasaron a la función pública con Macri. Fue productor de Pol-ka y Patagonik, dos empresas en las que Clarín tiene acciones. Presidirá el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que se encarga de apoyar producciones locales, ya sea por su cuenta o en sociedad con privados.
Fernando Blanco Muiño es el flamante director nacional de Defensa del Consumidor. ¿Cómo se relaciona con el Grupo? Desde su ONG Unión Argentina de Consumidores defendió a Clarín cuando, desde el Gobierno nacional, establecieron la caducidad de la licencia de Fibertel para operar, cuando el Gobierno nacional dio marcha atrás con la fusión con Multicanal. La UAC se opuso a un spot oficial en el que instaba a los usuarios de CV-Fibertel a cambiar de proveedor de servicio debido a los incumplimientos de la compañía.
Carlos Rosenkrantz forma parte de una de las designaciones más polémicas del flamante gobierno. El jurista, nombrado «en comisión» para integrar la Corte Suprema y ahora suspendido por una medida cautelar, tuvo el grupo en su cartera de clientes en su estudio, Bouzat, Rosenkrantz y Asociados. Inclusive, fundó una ONG, Asociación para la Defensa de la Competencia, que en 2011 se presentó a la Justicia para frenar la resolución que ponía fin a la caducidad de la licencia de Fibertel, en el conflicto antes mencionado.
Sin haber sido directivo de alguna de sus empresas, el cordobés Oscar Aguad fue uno de los diputados que más activamente defendió los intereses de Clarín cuando comenzó el conflicto con el Gobierno nacional. En el flamante y estratégico ministerio de Comunicaciones el ex candidato a gobernador intentará desarmar la LSCA (o ley de medios, como más se la conoce), alterando la autarquía de la AFSCA. El plan del PRO consiste en unificarla con la AFTIC y dejar al nuevo organismo bajo el ala de esta cartera. Aguad ya dijo que la norma no sobrevivirá con Macri. Sin embargo, Martín Sabbatella, con mandato hasta 2017, resiste en su cargo y se prepara para contraatacar si el actual gobierno cumple con sus amenazas.
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