El intendente de Córdoba, Ramón Mestre, anunció hoy -al cumplirse una semana consecutiva de paro de colectiveros- que implementará desde mañana un plan de emergencia del sistema de transporte urbano de pasajeros con las unidades custodiadas por fuerzas de seguridad y ratificó que seguirán en pie los despidos realizados por las empresas.

Así, Mestre enfrenta a pobres contra pobres y propicia un escenario de flexibiliación laboral en línea con la visión del gobierno macrista.

La dura postura del intendente, generó incertidumbre entre los choferes dado que según la delegada de Tamse Trolebuses, Erica Oliva, Mestre «está agudizando más el conflicto» porque «está tratando de presionar más».

En conferencia de prensa, el radical Mestre acusó a los delegados gremiales que impulsaron el paro de haber «sumergido en el caos a Córdoba con violencia e ilegalidad» y cuestionó que «algunos sugerían desde lo absurdo un Cordobazo, intentando resignificar un hecho histórico totalmente ajeno a la coyuntura que vivimos en la actualidad».

En tanto, el presidente del Partido Solidario de Córdoba, Eduardo Fernández sostuvo a este medio que «Desde el Consejo Económico Social – del cuál es miembro – se pidió la paz social y no el uso de la fuerza pública. Esto que hizo el intendente solo agrava el conflicto, es un experimento represivo similar al que se empleó en Buenos Aires.», explicó.

Fernández, también se expresó en su calidad de Presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) y alertó que los perjudicados por este conflicto «son todos los trabajadores, porque mientras no haya transporte la Ciudad está paralizada. Hay sectores pymes que tuvieron que adelantar vacaciones. Mientras que los comercios y las empresas más chicas no están en condiciones de pagar taxis a sus empleados y es injusto exigirles que vayan a trabajar».

Por su parte, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba
manifestó su apoyo a la convocatoria de la Mesa de Enlace de los gremios de Córdoba.

«El acompañamiento a los trabajadores y trabajadoras de UTA y sus delegados es una lucha por el respeto a los Derechos Humanos en su sentido universal.
El neoliberalismo nacional , provincial y municipal pretenden hacer creer que los trabajadores y trabajadoras que reclaman por sus derechos son delincuentes».

Mestre también apuntó en su exposición contra el kirchnerismo y la ex presidenta Cristina Fernández tildándolos de oportunistas respecto al paro al señalar que «la extorsión y la violencia paralizan a la ciudad. Córdoba vive un giro traumático de 360 grados. Estamos en el mismo punto de partida poniendo en riesgo todo, incluso vidas».

A esto, dijo, «se lo puede calificar como penoso, brutal, violento. Perdemos todos y los verdaderos motivos una paritaria legal, nacional y desconocida acá en Córdoba, un proceso de regularización institucional de la seccional UTA Córdoba deslegitimado, una oportunidad política, partidaria de la izquierda, del kirchnerismo, incluso de la ex presidenta al nacionalizar un conflicto sectorial con un reclamo nacional al Gobierno que encabeza el presidente (Mauricio) Macri».

Y, remarcó que se sumaba a la protesta «el mismo kirchernismo que discriminó a Córdoba en los años que le tocó gobernar, inclusive acá en la provincia donde le asestamos la mayor derrota, fogoneando la violencia».

Ante el escenario de conflicto, anunció que implementará un «plan de contingencia de seguridad donde los colectivos serán custodiados este lunes» por agentes de Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Policía de Córdoba para que puedan circular.
Mestre ratificó también que «los despedidos por las empresas lamentablemente han perdido su fuente laboral. Las empresas siguen intimando para que se presenten».

Fuentes sindicales dijeron que hubo 86 despidos en las cuatro empresas prestatarias del servicio de transporte.

El intendente también dispuso convocar para mañana al Consejo Económico Social y señaló que había «decidido el llamado de una consulta popular, para que los vecinos se expresen sobre el transporte como servicio esencial; las asambleas de servidores públicos en horarios de trabajo y políticas de transparencia».

Mestre pidió «a los legisladores provinciales y nacionales que avancen en las herramientas legales que permitan garantizar los servicios públicos como esenciales».
Pese a la intimación del municipio, los choferes mantenían hoy el paro por séptimo día consecutivo al fracasar ayer un nuevo intento de negociación con funcionarios y empresarios.

El conflicto en Córdoba es una muestra más de la flexibilización laboral que busca implementar Cambiemos y que los choferes de colectivos resisten con una extensa medida de fuerza.

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