Por @gabrieleiriz
Es tal el temor dentro del macrismo al crecimiento en la intención de voto que viene cosechando la expresidenta Cristina Fernández en el conurbano bonaerense y gran parte de la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de medio término, que desde el gobierno echan mano a cuanta maniobra tienen disponible para frenar esa amenazante posibilidad.
Por un lado la vicepresidenta lanza un globo de ensayo y sale a plantear que “lo más efectivo sería, por lo menos durante un tiempo, evitar las elecciones de medio término” argumentando que “la competencia destructiva” que se genera entre los partidos políticos en años electorales suele complicar los planes de un gobierno. Sabe que nada puede hacer para evitar los comicios, pero la impronta de este gobierno de probar y ver si pasa, resulta como mínimo, sospechoso.
En otro orden, y ante la posibilidad que se concrete la peor pesadilla del presidente, -situación dejaría al Ejecutivo en una posición de extrema debilidad- buscan desalentar a CFK de una posible postulación, en caso que pudiera estar buscando fueros parlamentarios para frenar la embestida del «Partido Judicial», con el juez Bonadío en la avanzada, y en esa dirección la alianza oficialista Cambiemos intentará lograr hoy en Diputados emitir dictamen de comisión a favor del proyecto que modifica la ley de fueros con la intención de facilitar la intervención judicial al momento de ordenar allanamientos a propiedades de legisladores nacionales. Un iniciativa que impulsa el diputado oficialista Nicolás Massot como posible solución a la idea que mantienen algunos funcionarios del gobierno sobre las intenciones de la ex Jefa de Estado.
En tercer término, y para embarrar aún más la cancha, el juez Claudio Bonadio ordenó nuevas medidas de prueba en la causa «Los Sauces», solicitadas por alguno de los imputados en sus indagatorias; pidió ampliar la declaración de un empleado del detenido empresario Lázaro Báez y dispuso ampliar el peritaje contable para saber cuánto dinero ganó la firma de la ex presidenta Cristina Fernández año por año.
Bonadio le tomó declaración entre fines de febrero y principios de marzo a la ex presidenta Fernández, a sus hijos Máximo y Florencia, al detenido Báez y al empresario Cristóbal López, pero aún no les resolvió la situación procesal. Trámite que buscará apurar antes de los comicios, presionado por los operadores de Macri en Comodoro Py, según informaron fuentes judiciales.
En la causa penal se investiga el supuesto pago de sobornos por parte de empresarios beneficiados con obra pública durante el gobierno anterior -Báez y Cristóbal López-, a través del pago simulado de alquileres a los Kirchner por medio de la sociedad «Los Sauces».
Estos hechos, que parecen aislados y sin vinculación entre sí, sumados, componen una estrategia conjunta orientada a desalentar a la potencial candidatura a senadora por la provincia de Buenos Aires de la ex mandataria que desafía al gobierno y eventualmente lo expone a una derrota monumental. Algo que muchos analistas ya vienen previendo como un escenario posible.
Macri necesita debilitar al kirchnerismo, por eso diseñó, junto a su equipo de asesores, la reciente estrategia comunicacional, que impartió a todos sus ministros y que ya está en marcha: salir públicamente a denunciar que el kirchnerismo busca desestabilizar al gobierno para que no llegue a terminar su mandato.
Mientras tanto el periodismo hegemónico, funcional a los intereses del poder, desinforma, inventa, miente deliberadamente y opera desde sus medios dominantes en línea con los deseos del presidente y bajo la estricta supervisión de su hombre de mayor confiana, el jefe de gabinete, Marcos Peña.
El tiempo dirá como termina la historia.
