El nuevo cuadro tarifario, oficializado hoy en el Boletín Oficial tras la audiencia pública de setiembre, ratifica topes en las subas de entre 300 y 400 por ciento para las usuarios residenciales, y del 500 por ciento para los comerciales e industriales, siempre que las facturas sean superiores a 250 pesos.

En conferencia de prensa, el ministro de Energía dijo que podrán solicitar la tarifa social los usuarios que cobren hasta 15.120 pesos mensuales, el equivalente a “dos salarios mínimos vitales y móviles”, comprendiendo en ese monto a jubilados y pensionados.

El ministro destacó que el valor del gas en boca de pozo que se aplicará a las tarifas será del equivalente a 3,42 dólares por millón de BTU, lo que implica que “un subsidio del 50 por ciento de su valor”, calculado “en más de siete dólares”.

Según el funcionario la tarifa promedio para la categoría más baja de los usuarios residenciales será de 107 pesos mensuales, con un incremento del 231 por ciento, en tanto la de la segunda categoría será en promedio de 371 pesos, con una suba del 173 por ciento, mientras que la más alta será en promedio de 953 pesos, con incremento del 119 por ciento.

Para las pymes y los comercios, la tarifa promedio será de 642 pesos, con suba del 277 por ciento, para los consumos de hasta 623 metros cúbicos y de 39.387 pesos, con incremento del 369 por ciento, para consumos de 22.366 metros cúbicos.

Aranguren destacó que “los valores para las pymes (que tendrán un tope de incremento del 500 por ciento) son más digeribles, para lograr (mantener) el nivel de ocupación de estas empresas”, justificó el funcionario. 

Sin embargo desde APYME, que aún mantiene una contienda judicial en los tribunales cordobeses por el tarifazo de gas al sector, adelantaron a este medio que «se continúan imponiendo aumentos arbitrarios, que afectarán a los sectores de las Pymes en un marco de emergencia productiva y social».

Según la entidad, «de este modo se confirma uno de los fundamentos del amparo de APYME, la falta de razonabilidad de los aumentos».

Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, aseguró que «esta resolución viene a confirmar el carácter cosmético de la audiencia pública que se realizó para cumplimentar con la reglamentación vigente, y sigue en el camino de no dar racionalidad, ni previsibilidad al pequeño y mediano empresario que ve afectada su capacidad para seguir produciendo y dando trabajo».

Para las Pymes el cuadro tarifario sigue conllevando incertidumbre, inseguridad jurídica y una sangría de recursos injusta, ya que deberán pagar absurdamente mayores precios los actuales en el periodo entre abril y el anuncio, reclamaron desde la asamblea de empresarios.

Además, recordaron que también se impugnó la audiencia pública, que en principio excluyó a las Pymes. Es decir, el aumento sigue siendo irracional, inequitativo e ilegal, porque no cumple con brindar los datos necesarios para una evaluación pertinente por parte del conjunto de usuarios afectados.

Acerca de las tarifas de los residenciales, el ministro sostuvo que “en los meses cálidos, el 97 por ciento de los usuarios pagarán menos de 500 pesos por mes y el 87 por ciento menos de 250 pesos por mes, mientras que en los meses de invierno, el 79 por ciento de los usuarios abonarán menos de 500 pesos y el 60 por ciento menos de 250 pesos” mensuales.

En lo que hace a la tarifa social, el ministro puntualizó que involucra a “1,7 millón de hogares”, que “se considerarán los ingresos del titular del servicio” e incluirá a quienes cobren hasta 15.120 pesos mensuales.

También se incluirá en la tarifa social a las personas “electrodependientes y sus convivientes, los que reciban pensiones vitalicias, los veteranos de Malvinas”.

Por otra parte, señaló que se redujo en cinco años el criterio de exclusión para acceder a la tarifa social vinculado con la antigüedad de los automóviles que posean los usuarios, al pasar de 15 a 10 años.

“La tarifa social sólo pagará por el transporte y la distribución”, precisó Aranguren, quien comentó que en promedio las de menor consumos serán de 50 pesos mensuales, las intermedias de 130 y las más altas de 279 pesos mensuales.

Respecto del valor de gas en boca de pozo, Aranguren señaló que en la audiencia pública YPF señaló que era de “mas de 7 dólares el millón de BTU”, pero que se tomará como valor para incluirlo en la factura el equivalente a “3,42 dólares” , por lo que el Estado “subsidiará el 50 por ciento” de ese precio.

Sobre el punto mencionó que, en las revisiones semestrales que se harán en abril y octubre de cada año, ese importe se irá incrementando a 3,77 pesos en abril del año que viene hasta llegar a 6,80 dólares en octubre del 2019.

En el caso de las provincias que integran la Patagonia y la Puna, el subsidio será de 81 por ciento ahora hasta llegar a cero en 2022.

En lo que hace a la bonificación de tarifas por reducción de consumo, el titular de Energía señaló que “se tomará como base para el cálculo el mismo período de 2015” y que los usuarios residenciales que logren un ahorro tendrán bajas del 50 por ciento, para el segmento de menor consumo, del 30 por ciento para el intermedio, y del 20 por ciento para el más alto.

El valor del GNC será de 2,7 pesos el metro cúbico, según explicó el funcionario, quien sostuvo que el objetivo de la política tarifaria es “lograr en los próximos tres años una reducción gradual de las importaciones, que hoy llegan al 30 por ciento del consumo, la protección de los sectores más vulnerables y la generación de conciencia respecto del uso racional de la energía”

Tras señalar que “nos hacemos cargo de lo que ha ocurrido en estos nueve o 10 meses de idas y vueltas” respecto de las marchas y contra marchas sobre el cuadro tarifario, Aranguren puntualizó que “queremos ir a un suministro (de gas) sostenible en el tiempo, promoviendo la producción (local) y subsidiando a quienes lo necesiten”.

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