El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja se expidió sobre el amparo presentado por la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) a cargo del abogado Miguel Rodríguez Villafañe.

El magistrado resolvió frenar el tarifazo de gas a todas las empresas del sector y ordenó que la situación tarifaria se retrotraiga al 31 de marzo de este año.

La medida obliga a las empresas prestatarias del servicio a refacturar «en el plazo de 10 días» los consumos efectuados de abril a la fecha con el cuadro tarifario previo a las resoluciones 28 y 31 del MinEyM y las que luego las corrigieron. A su vez, abre la posibilidad de pagar esos consumos acumulados hasta en cuatro cuotas.

A pesar de la realización de las audiencias hace diez días, el titular del Juzgado Federal N°3 de Córdoba recordó que “el cuadro tarifario del servicio público de gas que se impugna en la presente causa fue establecido con anterioridad” a esa convocatoria y todavía permanece vigente, excepto para los usuarios residenciales.

Apyme en mesa de entrada de los tribunales cordobeces al presentar la acción judicial en favor de las pequeñas empresas
Apyme en mesa de entrada de los tribunales cordobeces al presentar la acción judicial en favor de las pequeñas empresas

Vaca Narvaja dispuso que “para el colectivo integrado por los pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines” se suspendan todas las resoluciones del Ministerio de Energía que establecieron el nuevo cuadro tarifario y se retrotraiga la tarifa a la vigente antes del 31 de marzo.

Las pymes y comercios habían quedado excluidas del fallo de la Corte Suprema porque la presentación judicial original fue realizada por el CEPIS, una ONG de defensa de derechos de los consumidores. El Máximo Tribunal entendió en su momento que podía presentarse en nombre de los clientes residenciales pero no así de comercios e industrias.

La Corte había establecido la potestad del Poder Ejecutivo de fijar los precios de los servicios públicos, pero estableció que debían hacerse luego de realizarse audiencias públicas y que los mismos fueran «graduales» y «no confiscatorios». Se espera ahora el nuevo cuadro tarifario, que debería entrar en vigencia en noviembre.

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