El jefe de Gabinete, Marcos Peña, junto a los ministros Juan José Aranguren, de Energía y Germán Garavano, de Justicia y Derechos Humanos

Marchas y contramarchas. Prueba y error. Así articula sus políticas el gobierno nacional. Sin horizontes ni objetivos concretos, van surfeando la coyuntura tal cual se les presenta y, lógicamente, meten la pata hasta embarrarse por completo.

El tarifazo de Aranguren no podría traerle más dolores de cabeza al macrismo. Decididos a implementar una política de ajuste fiscal que se les va de las manos, buscan y dan vueltas sobre el tema de los cuadros tarifarios. Si fuera un partido de futbol la mejor manera de describir la lógica del oficialismo sería decir que prueban en vano por un lateral, cruzan diagonales, intentan por el otro costado de la cancha pero no logran abrir el marcador.

La semana pasada la Sala II de la Cámara Federal de La Plata prohibió la aplicación del tarifazo en el servicio de gas en todo el país. Ante esta situación el gobierno busco refugio en la Corte Suprema de Justicia, pero en las negociaciones que existieron detrás de bambalinas no logró asegurarse que el máximo tribunal garantizara tomar el caso y anulara todos los amparos y cautelares que ordenaron jueces de todo el país. De hecho los cortesanos esperaron hasta último momento para decidir sobre dos fallos sobre los que el ejecutivo solicitó un recurso de per saltum para que la Corte tomara cartas en el asunto, debido a que el fallo de Cámara de La Plata entraría en cualquier momento en el palacio de los tribunales.

Conocida la postura del máximo tribunal el gobierno convocó esta mañana a parte del Gabinete y los presidentes de ambas cámaras del parlamento para destrabar el problema y buscar una salida decorosa que no le pegara políticamente al presidente Macri.

Sin embargo, mientras comenzaban los rumores que indicaban que habría que esperar a que pase la feria judicial para tener certezas en relación con la aplicación de las nuevas tarifas, el jefe de Gabinete y los ministros de Energía y Justicia llamaron a una conferencia de prensa para intentar explicar lo inexplicable, o mejor dicho, para dibujar los números y justificar los próximos pasos en materia judicial que tomará el Poder Ejecutivo.

Como primera medida explicaron que se dispuso un tope de aumento de 400 por ciento, respecto de la factura de igual bimestre de un año atrás y se comprometieron a convocar a una audiencia pública en octubre, al tiempo que adelantaron que este martes se presentará un recurso extraordinario contra el fallo de la Cámara Federal de La Plata y que las empresas deberán refacturar los consumos, retroactivos al 1º de abril.

Según relató Marcos Peña, los usuarios que recibieron las facturas y no las abonaron deberán aguardar una nueva boleta que contemplará ese límite, mientras que aquellos que ya las pagaron recibirán una nota de crédito. Asimismo, confirmó que el monto total de las facturas podrá abonarse en dos veces.

«Hoy queremos anunciar, luego de escuchar y dialogar, una resolución con un tope de 400 por ciento de aumento en la factura de gas retroactivo al 1º de abril», señaló el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Pero en realidad recurrieron a una maniobra semántica para justificar lo que realmente es un aumento del 500 por ciento.

Aranguren puntualizó que el tope regirá para el servicio de gas y no abarca a los de electricidad y agua, sobre los que no agregaron mayores precisiones. Ergo: nos embocan con esos dos servicios.

Para el caso del gas, el golpeado ministro de Energía explicó que «se toma el bimestre abril-mayo de 2015 y se aplica un máximo de aumento de 400% para pagar este año».

Al intentar explicar con un ejemplo concreto, el funcionario manifestó que «una persona que pagó el año pasado 300 pesos, este año abonará el 400 por ciento más sobre ese valor, de manera que a esos 300 pesos deberá agregarle 1.200 pesos más, con lo cual este bimestre no abonará más que 1.500 pesos». Esta cuenta, acá y en la China es un 500 por ciento de aumento. En los hechos implica tomar la factura de los bimestres del año pasado y multiplicarlas por cinco.

Peña anunció además que se convocará para octubre la realización de la audiencia pública que marca la ley ante una readecuación de los cuadros tarifarios. Algo que deberían haber hecho desde el comienzo y no aplicar ninguna modificación hasta tanto no se concretaran y se dispusiera una actualización -que es comprensible ya que estaban congelados hace años- de los cuadros tarifarios.

El jefe de Gabinete indicó además que la tarifa social eléctrica se amplió con un trabajo georeferenciado que incluye a barrios en situación de vulnerabilidad y que abarca a unos 300 mil hogares del conurbano bonaerense. Una primer lectura permite observar que se quedaron cortos con el número de hogares que tendrán ese beneficio. También adelantó que el Gobierno «ya está en condiciones de avanzar en una tarifa especial para las entidades de bien público».

«Esto ayudará a pasar esta primera etapa de transición, mientras vamos tomando conciencia de que tenemos un problema y tenemos que ir cambiando los hábitos para generar un camino de sustentabilidad», remarcó Peña, justificando la improvisación en la aplicación de las modificaciones.

Por su parte, Garavano confirmó que mañana se presentará un Recurso Extraordinario ante la Cámara Federal de La Plata contra el fallo que había anulado los ajustes tarifarios.

El ministro justificó la movida del ejecutivo al explicar que esa sentencia también frenó la aplicación de la Tarifa Social y por lo tanto remarcó la «urgencia» por ordenar el tema judicial para que se mantengan los beneficios. Nos siguen tomando por boludos.

El recurso extraordinario estará planteado sobre los alcances de la ley que obliga a realizar audiencias públicas para la readecuación de tarifas.

Garavano estimó que «en el segundo semestre, luego de la feria judicial, la Corte Suprema puede generar criterios que clarifiquen la situación de los aumentos de tarifas». Mientras tanto hay que aguantarse el criterio unilateral y difuso que aplica el gobierno. No hay una apertura de costos que explique cuánto cuesta la generación de electricidad y cómo se traslada a la factura del comsumidor.

Finalmente, Peña enfatizó que «somos concientes que uno de los temas más complejos y difíciles de abordar era el tema de las tarifas de energía».

Toda esta perorata con idas y vueltas, marchas y contramarchas, explicaciones difusas y criterios autoritarios, confirman lo que hace tiempo predica el periodista Roberto Navarro y que este portal esta en condiciones de ratificar: NOS QUIEREN TOMAR POR BOLUDOS.

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